viernes, 28 de marzo de 2014

Fiscal General: fueron acusadas 44 personas por hechos de violencia registrados en el país



Indicó que hay 37 fallecidos



(Caracas, 28 de marzo de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes 28 de marzo que el Ministerio Público acusó a 44 personas, por estar presuntamente vinculadas con los hechos de violencia acaecidos en el país desde el 12 de febrero hasta la fecha.
            Así lo informó durante una rueda de prensa que ofreció en el auditorio de la sede principal de la institución, ubicada en la avenida México de Caracas, donde indicó que se presentaron 21 actos conclusivos, de los cuales 20 son acusaciones y un sobreseimiento.
Detalló que por estos hechos, fue acusado Rodolfo Carlos Pazos González por homicidio intencional simple en perjuicio de un estudiante de 17 años de edad, y por el mismo delito pero en grado de frustración en relación con cinco personas. Esta situación ocurrió el 17 de febrero cuando el adolescente fue atropellado en la avenida Perimetral de Carúpano, estado Sucre, durante una protesta.  
En el estado Lara, se acusó a Héctor Doménico Cussati Martínez por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Arturo Alexis Martínez, quien era hermano del diputado a la Asamblea Nacional, Francisco Martínez. Cussati Martínez también fue acusado por porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos, descarga de armas de fuego en lugares públicos habitados, instigación pública e instigación al odio.
En este caso, la víctima murió por un impacto de bala cuando limpiaba una barricada en la avenida Herman Garmendia de Barquisimeto.
También fue acusado en el estado Táchira Jesner Gregorio Cegarra Azuaje, por ser facilitador en el homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles de Daniel Joel Melgarejo Vargas, quien falleció tras resultar herido durante una riña sostenida en una barricada. Por este caso también fue acusado un adolescente por el mismo delito. 
Asimismo, en la citada jurisdicción fue acusado Henry Verno Cabrera por homicidio intencional agravado en grado de frustración, en perjuicio de José Duque, María Porras y Jorge Omañe.
En Caracas, fueron acusados los funcionarios de la Policía de Chacao: Aldair Alberto Prato Sánchez, Erlyn Dubraska Noguera López y José Gregorio González Guevara; el primero por el delito de homicidio intencional en grado de autoría y los dos últimos por  homicidio intencional en grado de tentativa, en perjuicio de la funcionaria del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Karelys Chacón Benítez.  También se les acusó por uso indebido de arma orgánica.
La víctima murió por un impacto de bala que recibió en la autopista Prados del Este.
En el estado Carabobo, se acusó a Víctor José de Almeida Ramos por homicidio intencional calificado en grado de tentativa en perjuicio de Aníbal Rafael Hernández López, quien resultó herido en una manifestación en la avenida Cedeño de Valencia; además del delito de uso indebido de arma de fuego.
La Fiscal General destacó que por los delitos de instigación pública, hurto calificado, atentado a medios de transporte y otros contemplados en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones fueron acusadas 35 personas en el área metropolitana de Caracas (6), Aragua (7), Miranda (2), Táchira (5), Trujillo (14) y Zulia (1).
Adicionalmente, informó que se  pidió el sobreseimiento en el caso de la muerte de Jimi Erwill Vargas González (32), ocurrida el pasado 24 de febrero como consecuencia de una caída de un segundo piso, en Pueblo Nuevo, San Cristóbal.
            Ortega Díaz dijo que hasta la fecha se han registrado 37 personas fallecidas, de los cuales 29 son civiles y 8 funcionarios.
 Indicó que hay 559 personas lesionadas, 379 de estas son civiles y 180 efectivos militares, policías y funcionarios públicos; mientras que hay 168 privados de libertad.
             
El Estado tiene como política el respeto a los DDHH
La Fiscal General informó que actualmente el Ministerio Público investiga 81 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por los recientes hechos de violencia.
Puntualizó que el Estado venezolano tiene como política el respeto a los derechos humanos, y que las presuntas trasgresiones de tales garantías corresponden a acciones individuales de funcionarios.
En ese sentido, precisó que de las 81 investigaciones, 75 son por trato cruel, dos por tortura, dos por homicidio y otras dos por homicidio frustrado.
Aseguró que el Ministerio Público sancionará a quienes resulten responsables de tales eventos.
Señaló que actualmente hay 17 funcionarios de diferentes organismos de seguridad privados de libertad, otros tres tienen medidas cautelares; además hay siete órdenes de aprehensión que aún no se han concretado.
Informó que de los funcionarios de seguridad que han sido privados de libertad, siete son del Sebin; dos de la policía del municipio Chacao; cuatro del Cuerpo de la  Policía Nacional Bolivariana; y uno del Ejército Nacional Bolivariano, un policía del estado Aragua, un policía del estado Mérida y un Guardia Nacional Bolivariano.
Recordó que la Constitución de la República Bolivariana es un catálogo abierto de los derechos humanos.

Otros temas
Referente a la denuncia formulada por diputados de la Asamblea Nacional contra María Corina Machado, la Fiscal General indicó que fueron comisionadas las Fiscalías 41° y  45° Nacional a fin de dirigir dicha investigación.
Asimismo, señaló que en relación al caso de la muerte de Adriana Urquiola (28), ocurrida el pasado domingo 23 de marzo, en el sector Los Nuevos Teques del estado Miranda, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante un tribunal de control.
También recordó que fue comisionado el fiscal 20º nacional, Yeison Moreno, para determinar las causas que produjeron la falla en la subestación eléctrica Boyacá, lo que causó un apagón en varios sectores de Caracas.
            Vale señalar que durante la rueda de prensa Ortega Díaz estuvo acompañada del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, José Gregorio Sierralta; además del director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza, y el director de Delitos Comunes, Nelson Mejía.

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